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De colores y elecciones: cuestiones de fondo para el 20-N
Las próximas elecciones generales de noviembre, a pesar de presentarse por los medios de comunicación (y por gran parte de la opinión pública) como una confirmación del cambio de ciclo político, dejan abiertos varios interrogantes sobre el reparto de poder al que va a dar resultado. A efectos legislativos, el hecho de que el Partido Popular consiga o no la mayoría absoluta, en caso de hacerlo, va a condicionar cómo y de qué manera se van a tomar las decisiones políticas, bajo qué condiciones y cuáles van a ser los actores que intervengan. Como el blanco y el marfil, aún con el mismo gobierno el color político puede cambiar.
Lo que sí parece estar claro es la dificultad que tendrá el Partido Socialista para lograr unos resultados que le permitan, no ya gobernar, sino influir políticamente en la próxima legislatura. Los guiños de CiU al Partido Popular, y la experiencia de la era Aznar, donde el grupo catalán se sintió cómodo como socio preferente del gobierno, y la coyuntura actual de la política catalana hace prácticamente imposible que el PSOE pueda lograr los diputados necesarios para gobernar en minoría.
En este caso, como en el resto, habrá que estar especialmente atentos a la participación electoral. El Partido Socialista, logra buenos resultados en contextos de fuerte movilización social, donde el electorado pide cambios fuertes en la política nacional. El primer problema que se le plantea es convencer a sus votantes de que puede renovar sus cuadros internos para así ofrecer una alternativa a la gestión de los últimos ocho años. El segundo es convencer de que, dentro de la oferta política de izquierdas, es el partido que las puede garantizar. Casi nada.
La situación es tal que el partido Popular puede hacer de lo inherente una virtud, es decir, su mera condición de partido en la oposición lo valida como alternativa a un gobierno con los índices de aceptación por los suelos. Cuenta además con un voto diligente y atomizado en torno a sus siglas: excepto en un puñado de Comunidades Autónomas (a las que se ha sumado Asturias), capitaliza el voto liberal-conservador, algo que nuestro sistema electoral ha premiado desde 1977.
Podemos valorar las cuestiones de fondo, los límites y condicionantes que impone nuestra democracia, y acercarnos a un resultado probable, pero el partido hay que jugarlo. Nuestra ciencia aún no es capaz de predecir el comportamiento de ese 10% de votantes que van a darle ese matiz de color definitivo al Congreso.
